La resolución de la Corte sobre el caso Lydia Cacho es omisa y negligente porque evade abordar “los terribles casos” de abuso sexual, pederastia, explotación sexual comercial y pornografía infantil, manifestó la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP).
Los ministros traicionaron con el fallo su mandato constitucional, abrieron la puerta a la impunidad y dejaron a la niñez y a las mujeres de nuestro país a merced de criminales, expresó la Red.
“El fallo de quienes niegan la justicia, es un manotazo de violencia institucional que cruza la cara de la libertad de expresión”, consideró la organización que representa legalmente a Joaquín Aguilar, quien acusó al cardenal Norberto Rivera Carrera de encubrir al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar.
Líderes sociales junto con instituciones nacionales pedirán ayuda a organizaciones internacionales con el fin de otorgar protección y ayudar a víctimas de redes de pederastia, prostitución y pornografía infantil, así como insistir en una revisión de todas las personas que conforman el poder judicial, añadió dicha organización
Después de haber visto la resolución que los ministros le dieron a Lydia Cacho, la población se halla en una total indefensión y frustración; nos parece que hay un llamado de atención para revisar las instituciones gubernamentales”, comentó Angélica Peña, promotora de las reformas a favor de los infantes.
Afirmó que es necesario hacer cambios en las instituciones gubernamentales, porque lo único que han demostrado es que no son confiables, y no hay condiciones para volver a confiar en los ministros de la corte.

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